Debatón, los tiempos energéticos
jenaro villamil
México, D.F., 15 de abril (apro).- La primavera energética estalló en pleno centro de la vida política del país. Por lo menos, existe una severa crisis legislativa derivada de los sucesos del jueves 10 de abril, cuando un grupo de senadores del Frente Amplio Progresista (FAP) decidió tomar la tribuna de la Cámara de Senadores para demandar un acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre un debate amplio sobre la reforma energética.
La parálisis del Senado gira en torno ya no sólo a la toma de la tribuna, sino a las dos propuestas planteadas para organizar el debate energético. El PRI, a través de Manlio Fabio Beltrones, propuso ayer un debate de 50 días ininterrumpidos, en una especie de maratón diario que abarque los 12 ó 14 temas vinculados a la reforma. El FAP no aceptó y hoy hizo pública una propuesta de 120 días de debate, de cuatro meses, con sesiones de una a dos por semana.
El tema de los tiempos no es un asunto menor. Los tiempos energéticos se empalman ya con los de la agenda electoral de los tres principales partidos. En octubre se inicia formalmente el proceso de los comicios federales de 2009.
Si el debate se extiende más allá de septiembre, el costo interno de aprobar una reforma con alto impacto en las campañas federales, es demasiado alto, sobre todo para el PRI. Eso lo sabe Manlio Fabio Beltrones. De ahí su rechazo a ampliar más allá de junio el debate.
Por el contrario, para Andrés Manuel López Obrador y el FAP extender los tiempos es ganar espacio en la opinión pública, resolver políticamente la división que ha fracturado al PRD desde sus elecciones internas y convertir el asunto energético en una plataforma que, efectivamente, preocupa como ningún otro a la sociedad. La derrota, por ahora, ha sido para los tiempos del fast track.
Al Ejecutivo federal y algunos de sus aliados --sobre todo empresariales-- les urgía tener antes de que terminara este periodo ordinario una reforma legal. La iniciativa presentada por Felipe Calderón el pasado 8 de abril, se pensaba aprobar, a más tardar, en ambas cámaras el 22 de abril. Fue el escenario ideal para el gobierno que definitivamente no se cumplirá.
Ahora, el tema de los tiempos se ha trasladado al asunto del debate nacional. Y esta fue una propuesta que surgió, paradójicamente, del propio diagnóstico que dio a conocer el último día de marzo la Secretaría de Energía y Pemex.
Al final de ese diagnóstico se convocaba a un debate nacional. Por supuesto, nunca se establecían tiempos ni fórmulas para un auténtico debate legislativo y social sobre un asunto crucial. En este terreno, el gobierno federal se descarriló. Mezcló la urgencia del fast track legislativo con su propia propuesta de un debate. Ahora se ha quedado sin uno y puede ser que el debate se extienda hasta el informe presidencial de Calderón.
El PRD, Convergencia y PT proponen 4 meses: 120 días, 16 semanas de debate nacional. El objetivo es articular fuerzas, ganar en la opinión pública un tema con una alta carga simbólica, política y un impacto definitivo en la economía nacional.
El PRI, apoyado ahora por el PAN y el PVEM, ha propuesto 50 días, seis semanas, mes y medio de deliberación. El objetivo es lograr que el FAP se incorpore a la negociación, evitar nuevas tomas de tribuna y medidas de resistencia civil, pero, sobre todo, evitar un impacto en la base electoral priista que puede cobrarle a su dirigencia una reforma energética contraproducente.
Las posiciones se han entrampado. Paradójicamente, la posible solución puede venir de una de las dos partes del extremo: el PAN. El balón está en la cancha de Santiago Creel. El coordinador panista puede tomar una medida intermedia: tres meses de debate; que se prolongue hasta julio.
Sin embargo, el verdadero debate sobre los tiempos aún no se ha dado: ¿cuándo se dictaminarán las iniciativas existentes en materia de reforma energética? Por ahora, sólo existen 5 iniciativas enviadas por Calderón el pasado 8 de abril al Senado, pero el PRI trabaja en otros rubros.
El PRD y sus aliados han planteado que no dictaminarán reforma legal alguna que otorgue mayor apertura a la inversión privada en áreas reservadas al Estado (artículo 27 constitucional). Darle la vuelta a la Constitución es una de las operaciones más ambiciosas en este juego de los tiempos. En este punto, es necesario que participe el otro poder ausente en este momento: la Suprema Corte.
jenarovi@yahoo.com.mx
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