Bernardo Bátiz V.
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Petróleo y Constitución
En 1938, la Editorial Polis, de aquel aguerrido fundador del PAN que fue don Jesús Guiza y Acevedo, publicó varios volúmenes en conmemoración del vigésimoquinto aniversario de la Escuela Libre de Derecho (de la que no soy egresado, aclaración por si las dudas), en uno de los cuales aparece un ensayo del jurista mexicano Antonio Gómez Robledo, denominado “Los convenios de Bucareli ante el derecho internacional”.
En ese estudio, Gómez Robledo hace varias consideraciones muy bien fundadas respecto de los llamados tratados o convenios de Bucareli celebrados entre el gobierno de México, encabezado por Álvaro Obregón y el gobierno de Estados Unidos, que se hacía del rogar, para reanudar las relaciones entre ambos países, rotas desde el asesinato de Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo. Para obtener el tan ansiado reconocimiento y la reanudación de relaciones diplomáticas, Obregón tuvo que doblar las manos y la cintura, accediendo a varios puntos inaceptables según el criterio del jurista que menciono.
Uno de ellos fue el reconocimiento de una deuda por daños producidos por la Revolución, inflados y arbitrarios; otro fue el sometimiento a tribunales de arbitraje de carácter internacional, y el más importante y grave, se aceptó en una convención secreta, no ratificada por el Senado, que no se aplicaría a las empresas estadunidenses el artículo 27 constitucional aprobado en Querétaro en 1917 en la parte en que reserva la propiedad y la explotación del petróleo al Estado mexicano.
Ochenta y cinco años después, la historia se repite: la nación mexicana vuelve a enfrentarse a un problema similar; en 1938, el mismo en que se publicó el estudio de Gómez Robledo, el presidente Lázaro Cárdenas, en cumplimiento del precepto constitucional, asumió el control de las empresas que explotaban petróleo y gas y creó Pemex, la empresa que aún sigue existiendo como eje fundamental de la economía del país. Hoy el gobierno impugnado de Felipe Calderón y sus paniaguados del PRI pretenden dar marcha atrás a la decisión fundamental de Cárdenas, avalada por el pueblo de México y por la historia, y buscan volver a entregar, por lo pronto, parte de la industria petrolera a las compañías extranjeras y caer en las mismas fallas denunciadas por Gómez Robledo: poner en tela de juicio la propiedad nacional del petróleo y someternos a tribunales extranjeros.
En 1923, cuando se presentó la parte visible de los tratados de Bucareli para su aprobación por el Senado, varios senadores, encabezados por el campechano Francisco Field Jurado, se opusieron vivamente a su aprobación y adujeron la inconstitucionalidad de los mismos y la debilidad de un gobierno que declina la soberanía ante una potencia extranjera; un día después de su protesta, Field Jurado fue asesinado a las puertas de su casa en las calles de Tabasco de la colonia Roma, y tres senadores más fueron secuestrados y vejados, atropellando su fuero constitucional con objeto de amedrentar a los demás e inhibir otras oposiciones como las del senador sacrificado; muchos años después, otro senador, el panista sui generis José Ángel Conchello, empeñó una lucha personal para que el gobierno de México mantuviera su soberanía sobre las aguas del Golfo con depósitos de hidrocarburos en la zona denominada Hoyo de Dona. Por cierto, murió también en un accidente de automóvil nunca aclarado del todo.
De los debates en el Senado, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en otros muchos que han tenido lugar en centros escolares, medios de comunicación y aun en las calles y en las plazas, ha quedado bien claro que Pemex ha sido desmantelado a propósito, para poder sustituirlo con empresas privadas, y también, clarísimo, que cualquier injerencia de empresas de particulares, nacionales o extranjeras sería una violación flagrante a lo dispuesto por los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. (Basta leerlos, no se necesita ser experto para entenderlos.)
A pesar de todo ello, es difícil que entre los legisladores que ya están comprometidos, no con la nación, ni con el titular de la soberanía, que es el pueblo de México, sino con sus grupos parlamentarios y sus pequeños intereses, alguien esté dispuesto a rebelarse como Field Jurado por su deber y por la defensa de lo que es nuestro o, al menos, sacudiéndose la tutela de los coordinadores parlamentarios, a levantar la voz como lo hizo José Ángel Conchello.
Sin embargo, porque sabemos que no hay trabajo sin fruto, esperamos que quienes ya se opusieron al albazo legislativo vuelvan a oponerse a que se cometa el atraco e impidan que se viole la Constituciónl, y esperamos también que quienes piensen votar a favor de las descastadas reformas repasen la historia de México, se percaten con claridad de lo que van hacer y se cuiden mucho de romper el orden jurídico aprobando leyes contrarias a preceptos constitucionales, que ni tendrán validez y que no admitiremos.
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