Juan Camilo Mouriño debe ser sancionado política y penalmente

En concreto
Laura Itzel Castillo
12 de marzo de 2008

Ciclos caseros de cine

No hay que darle muchas vueltas a este asunto: Juan Camilo Mouriño debe ser sancionado política y penalmente. La documentación probatoria es contundente y las leyes, muy claras.

Además, el acusado ha aceptado que firmó los contratos en su calidad de apoderado legal de la empresa familiar, no obstante fungir primero como diputado y luego como alto funcionario del gobierno federal. En otras palabras, se trata de un delincuente confeso, que encaja perfectamente en la definición de traficante de influencias que hizo la entonces senadora Luisa María Calderón, hermana de Felipe, en julio de 2003, al presentar su proyecto de decreto para reformar el artículo 62 de la Constitución Política de México, a fin de sancionar más severamente este ilícito.

Hasta los intelectuales orgánicos del régimen —esa especie de estiércol que abona las ideas del gobierno espurio— creen que este escándalo es un “desastre político” para Los Pinos y urgen a Calderón a prescindir del joven de los contratos. La “reforma energética”, dicen, está en juego.

Y es que, hasta hoy, han sido incapaces de justificar lo injustificable.

Ni siquiera el tunante de Germán Martínez (¿qué adjetivo usó para referirse a los hijos de Marta Sahagún?) tan “legal y ético” él, ha podido defender a su colega.

Lógico: ¿cómo defender lo indefendible? El viejo truco de descalificar al denunciante, en lugar de responder a la denuncia, sólo exhibe su hipocresía.

Tan lamentable ha sido el papel del dirigente panista, que Diego Fernández de Cevallos le ha recomendado “no perder el partido” por defender a Mouriño. Sintomático y aleccionador que este distinguido traficante de influencias apoye una investigación por los mismos delitos de los que él ha sido acusado.

Desde luego, la postura de Diego nada tiene que ver con la ética ni con la moral. Es un asunto estrictamente utilitario. No hay que olvidar que la política es percepción y que las encuestas muestran, por altísimo porcentaje, la condena de la sociedad mexicana a la actuación de Mouriño.

Paradojas del destino: con su proyecto de decreto, Luisa María Calderón pretendía que los legisladores estuvieran impedidos para fungir al mismo tiempo como contratistas o proveedores del Estado, o litigar asuntos relacionados con éste. La iniciativa tenía dedicatoria: Diego Fernández.

Así lo reveló la autora tiempo después (EL UNIVERSAL, 29/08/2003). La propuesta contaba con el respaldo de Felipe Calderón. Sin embargo ahora se han invertido los papeles. ¿Qué declaró Diego recientemente? Casi nada: “México ya está cansado de escándalos y de acusaciones de todo tipo; lo que procede en todo caso, sea éste o cualquier otro, es que las autoridades investiguen y den a conocer el resultado de las investigaciones…”

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