Bitácora Republicana
Porfirio Muñoz Ledo
06 de junio de 2008
El mandato ciudadano
Todo cambio fallido conduce a una regresión y con frecuencia a la caricatura de la realidad que pretendía transformar. Durante el periodo gestatorio de la transición mexicana el gobierno entendió que se había producido una fractura considerable en el poder y en la sociedad. Violentaron la legalidad por no aceptar su derrota, pero hubieron de abrir compuertas a la negociación política y a la protesta ciudadana.
Después del fraude electoral de 1988 se fue abriendo paso, entre descalificaciones y represiones, una nueva correlación de fuerzas y reglas distintas para el acceso al poder público. La oposición se apoderó de las calles. Menudearon las manifestaciones y los plantones, cayeron gobernadores, se sacrificaron funcionarios, logramos reformas electorales y convenimos cambios esenciales para la democratización del Estado.
Fue el periodo de la “reforma pactada”, en preparación de una segunda etapa, posterior a la alternancia, que sería de la “ruptura pactada”. Ruptura con el viejo régimen y sus prácticas autoritarias, genuino pluralismo, emergencia de la sociedad y reconstrucción del andamiaje institucional y la moral pública del país. Elementos que califican en cualquier parte una transición democrática.
Desde nuestra propuesta inaugural, hace más de 20 años, pusimos por delante el “poder ciudadano” y dejamos claro que el sistema republicano de gobierno debiera fundarse en el equilibrio entre “la participación social y la representación política”. En todas las agendas inscribimos el capítulo de la democracia directa y en los acuerdos de 1996 (punto 12) pactamos “instaurar la figura del referéndum para reformas que incidan en decisiones políticas fundamentales”.
La Comisión para la Reforma del Estado planteó en el 2000 “incorporar en la Constitución el referendo, el plebiscito y la iniciativa popular como derechos políticos en los ámbitos federal, estatal y municipal”. Durante el reciente ejercicio del Congreso, casi todos los partidos —incluyendo al PAN— propusieron adoptar esas modalidades de la democracia directa. Algunos insistieron en la revocación del mandato “a los funcionarios electos de cualquier nivel que resulten ineficientes o corruptos”.
Sería impensable que los legisladores votaran contra sus propias propuestas, por lo que sólo la errática conducción de las cámaras explica que esas iniciativas no hayan sido aprobadas. Resulta entonces aberrante la reacción del oficialismo cuando descalifica las decisiones adoptadas por el jefe de Gobierno de la ciudad, en la más estricta esfera de su competencia, en el sentido de someter a consulta ciudadana, el próximo 27 de julio, “iniciativas de reforma relacionadas con diversos aspectos de la industria petrolera nacional”.
Tanto más que esta capital ha sido el epicentro de la transición política, que ahora vuelve por sus fueros. Si el joven Mouriño fuera tan apto en derecho como lo es en tráfico de influencias, no hubiera dicho que “las leyes mexicanas no contemplan una figura de esa naturaleza”. Veinticinco constituciones de los estados la han establecido, el artículo 26 de la Constitución federal la instituye como instrumento de la planeación democrática y el artículo 39 define la soberanía popular como fuente misma y árbitro último del ejercicio del poder.
Asombra mayormente la reacción del presidente del Senado, quien —presa de un complejo ferrocarrilero— sostiene que la iniciativa de Marcelo Ebrard es un “engaño” con el que pretende “descarrilar la reforma energética”. En efecto, aspira a sacarla de las vías ordinarias para reencauzarla por la avenida del mandato ciudadano. Tal como el mismo Santiago Creel lo promovió cuando el Plebiscito Ciudadano sobre la Reforma del DF de 1993, en el que aparece nada menos que como “coordinador de la cuestiones jurídicas”.
Destacados especialistas e intelectuales han solicitado una consulta nacional sobre el tema, que los grupos parlamentarios del Frente Amplio Progresista formalizaron ayer. El propósito es dar un “cauce civilizado y legal” a la demanda social de participar en decisiones que afectan “el desarrollo presente y futuro de la nación. Y añaden: “Es obligación del Estado escuchar y obedecer lo que los ciudadanos decidan en las urnas”.
Aluden a reciente encuesta según la cual 78% de la población opina que debiera realizarse una consulta popular para decidir si se acepta o rechaza la reforma petrolera. El 58% se pronuncia además por que la decisión la tomen los ciudadanos mediante su voto y sólo 34% porque lo hagan los legisladores. Qué mayor prueba de la fragilidad de un sistema representativo sin contrapesos.
Falta la exigencia de responsabilidades por uso arbitrario de excedentes, contratos inconstitucionales y negocios ilícitos en materia energética. Quedan los grandes asuntos de la seguridad nacional, la política alimentaria, el saneamiento de la educación y la reforma del Estado, mediante el requisito indispensable de instaurar un nuevo gobierno, patriótico, competente y democrático.
Lo repito en voz alta, pese a que me lancen todas las jaurías del odio, la ignorancia y el embute.
bitarep@gmail.com
No comments:
Post a Comment